Para aclarar tanta información y desinformación interesada, podríamos definir la SICAV como un invento legal para que los ricos tengan un lugar donde esconder su dinero pagando menos impuestos. Parece obvio que es así por cuanto para constituir una Sociedad de Inversión de Capital Variable se precisa un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, aunque este último requisito puede soslayarse con 99 mariachis (convidados de piedra, con una participación ridícula, para hacer número), lo que permite que en la práctica se convierta en un instrumento de gestión de un patrimonio particular.
Nadie está cometiendo una ilegalidad por el hecho de tener una participación en una SICAV. Pero parece poco decente, y para algunos inmoral, que un grupo de eurodiputados utilice este instrumento financiero tan cuestionado, al que no pueden acceder la mayoría de los ciudadanos, para organizar sus planes de pensiones, lo engorden con dinero público, y lo domicilien en Luxemburgo, un país muy poco transparente en donde su parecido con un paraíso fiscal no es pura coincidencia. Para que nos entendamos, se puede comer en muchos lugares, pero hacerlo en un restaurante de cinco tenedores, cuando puedes acudir a otro más modesto, máxime cuando el menú se paga con dinero público procedente del dinero de todos, parece poco decente y criticable.
Resulta curioso que ante la misma situación escandalosa, en la que están implicados políticos de todas las tendencias, las reacciones sean tan diversas. Mientras el eurodiputado de IU Willy Meyer ha presentado su inmediata dimisión por pura coherencia ideológica, Rosa Díez pretende justificarse con argumentos poco convincentes, Elena Valenciano se pierde en un mar de contradicciones, Cañete parece estar huido, y a Cristobal Montoro le resulta todo normal. Es cuestión de conciencia, o de moralidad, o de niveles de decencia, y ya sabemos que en el PP todo les da igual.
Las SICAV gozan de todas las bendiciones por parte del PP, como no podía ser de otra manera; para eso es el partido de los ricos y las grandes fortunas, cuyos intereses defienden de forma prioritaria, aunque sea a costa de aumentar los índices de pobreza. Pero menudo problema les surge a otras organizaciones políticas que han incluido en sus programas electorales críticas a su tributación; y en esta situación se encuentran IU, PSOE y UPyD.
Es razonable pensar que a los partidos con demasiada historia le pasen estas cosas, porque se confían y viven en un mundo distinto al real. Pero que le ocurra a Rosa Díez, en la que muchos ciudadanos depositan su confianza por creer equivocadamente que es distinta a los demás, supone todo un contratiempo del que difícilmente podrá recuperarse.
El tema de la SICAV ahora descubierto es un asunto muy feo y contaminante, y aun nos faltan por conocer muchos detalles que lo enturbiarán aún más. No nos merecemos tener unos gobernantes que parecen ocupar sus puestos solo para defender sus privilegios, y ahora sabemos que también para prepararse en pocos años un buen retiro con dinero público invertido en un fondo privado, mientras el resto de los ciudadanos debemos de trabajar más de 35 años para disfrutar de una pensión que a muchos no les permite llegar a fin de mes.
Por cierto, ¿a alguién le ha regalado el Estado dinero público para completar su plan de pensiones?. Pues parece que entre 2000 y 2009 el Europarlamento inyectó al fondo de los eurodiputados más de 95 millones de euros de dinero público, lo que representa el 68,5% de las aportaciones totales ingresadas en la SICAV. Y a nuestro Ministro de Hacienda le parece normal y pretende quedarse con ello; pura rapiña.
(Publicado en elplural.com)